TV RIO. El CASO.

Riolama Fernández

“No pueden renunciarse ni relajarse, por convenios particulares, las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas  costumbres”, reza el artículo 6° del Código Civil de Venezuela. Materia de orden público son el medio ambiente y todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la información y la libertad de expresión y respetarlos es una buena costumbre que está por encima de los convenios o contratos que suscriban particulares.

El orden público es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.​ Está estrechamente relacionado con el concepto de legitimidad en el ejercicio del poder político y el de consenso social. Desde el punto de vista del Derecho Civil, el orden público es el «conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época determinada». De manera que el orden público está íntimamente relacionado con el respeto a los derechos humanos y las libertades. El Derecho internacional da supremacía al respeto de los derechos humanos por encima al derecho a la propiedad privada y a los convenios o contratos que celebren los particulares, y así queda recogido en el artículo 6° de nuestro Código Civil.

El caso de intento de desalojo forzado  sentenciado por el juez Abache en contra de TV Rio y a favor de la familia Guevara, no es más que la consecuencia del manejo mediocre por parte de unos abogados, de la situación de un canal de televisión, cuyo desalojo pasa a ser de orden público precisamente por tratarse de un medio de comunicación.

En vida, el Sr Guevara alquiló un local de 41 m² al Sr Jonny Masri quien tuvo la idea de instalar un canal de televisión, pero poco a poco fue requiriendo ampliar las instalaciones para construir el estudio, el master de control, e incluso hasta su residencia familiar. Todo esto con el visto bueno del arrendatario quien nunca objetó las construcciones y hasta cedió un terreno adicional para que fuera instalada la antena del canal. Luego el señor Guevara murió y en una programación de TV Rio, Dialogo Café, a las 8 am del periodista JJ Núñez, participó una invitada que despotricó  de una abogada hija del señor Guevara, lo que según trajo como consecuencia el despido de su trabajo, y acarreó el odio acérrimo hacia el Sr Masri. Desde allí la emprendió en contra de su canal de televisión y empezaron a llover las demandas de desalojo. De manera que la próxima salida del aire de un canal de televisión no se debe a un atentado más del gobierno a la libertad de expresión sino a un ridículo berrinche pueblerino y lo más tragicómico del asunto es que el Señor Masri ni se entera de lo que se dice en los programas de TV Rio porque ni siquiera ve su propio canal.

Los alegatos de la familia Guevara tienen que ver con incumplimiento de los cánones de arrendamiento, por usar como residencia familiar un local comercial, por construir sin permiso y porque van a vender. El Sr Masri alquiló 41 m² pero ha construido aproximadamente 600 m² y no se lo van a reconocer con el argumento de que “el siembra en tierra ajena pierde la siembra y la semilla”.

A los abogados se les olvida que TV Rio no es un local comercial, es un intangible, es un medio de comunicación, en consecuencia una señal, una antena, unos equipos, cámaras, luces, micrófonos, técnicos, programadores, productores, una programación y lo más importante, una audiencia cautiva, que ve en TV Río su idiosincrasia y una ventana democrática para expresarse y manifestar públicamente los problemas que aquejan a su comunidad. El caso de TV Río es un problema de orden público y así debe ser abordado por los abogados, pues el derecho de la audiencia está por encima del contrato de arrendamiento suscrito entre Masri y la familia Guevara, por lo que no debiera tratarse como un vulgar caso de arrendamiento de un simple local.

El otro detalle es que los hacendados, dueños de fincas, hatos y terrenos en el Estado Bolívar nunca pagaron por sus tierras, es un hecho que los denominados terratenientes son más bien terracogientes, porque se cogieron las tierras que tienen, simplemente demarcaron los terrenos que querían, construyeron o produjeron allí,  y fueron ante un notario a registrar sus bienhechurías, como especie de títulos supletorios, que luego con trampas y corrupción registraron como propios, pero nunca pagaron esas tierras ni son dueños reales de los terrenos. En este sentido si las bienhechurías de los Guevara sobre el terreno son de 41 m² las de Masri son de 600 m², solamente que los Guevara llegaron primero y tienen un contrato de arrendamiento suscrito, todo como la ley del Medio Oeste o la ley a la venezolana: la ley del más vivo y del que llegó primero.

La gente cree que es una arremetida más del gobierno contra un medio de comunicación social, pero no lo es, se trata de una familia supuestamente opositora que quiere sus lochas para sacarlas del país, sin importarles un pepino dejar a ciudad Bolívar sin un medio de comunicación social, uno menos de tantos que han cerrado. Aunque llama la atención que solamente la familia Guevara este desalojando a TV Rio y no a la panadería, ni a la Notaria, ni a la licorería, que también están en ese terreno, el asunto es contra TV Rio, sin disimulo.

Porqué la gente cree que es el gobierno, el que arremete contra TV Rio? Por todo el despliegue de la fuerza pública que utilizó el juez Abache para convertir la entrega voluntaria de parte de Masri del local de 41 m² a la familia Guevara, en un desalojo forzoso, pues no quieren solamente los 41 m² sino todo lo construido por Masri, es decir los 600 m², de manera que fueron preparados con un camión de mudanza, un piquete de Guardias Nacionales y un piquete de policías, pero se dieron cuenta de su ignorancia, pues desinstalar un canal de televisión no es igual que mudar una casa o una oficina, así que obligaron a Masri a firmar un documento donde se compromete a mudarse en tres meses.

A mi modo de ver, esta situación es tan mezquina y absurda y mucho más cuando gente de oposición hace mutis porque la arremetida contra un medio de comunicación social la hace una familia opositora, pero si fuera el gobierno hubieran armado escándalo, como si arremeter contra un medio de comunicación social no es igualmente grave independientemente de quien lo cometa. Así de mal esta la oposición en Venezuela, no señala delitos sino delincuentes, si el delito lo comete tu partido es bueno, no hay moral en Venezuela, ni buenos abogados ni jueces decentes que garanticen el estado de derecho y pongan en su justo lugar los derechos humanos y los hagan prevalecer por encima de la propiedad privada, según corresponde y mandan las leyes internacionales y nacionales, que hagan prevalecer el Bien Común, por encima de los bienes de los particulares.