EL BOLIVARAZO

Riolama Fernández  

Las políticas implementadas por el gobierno de Venezuela en materia económica, orientadas a la paulatina y consuetudinaria destrucción del aparato productivo nacional como mecanismo de dominación de la población, violando no solamente la constitución sino los derechos humanos de los venezolanos, por medio de la depauperación del salario, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, transporte, educación y vivienda. Algunos cálculos, unos más conservadores que otros, estiman que para costear la cesta básica mensual, el venezolano debe trabajar por lo menos unos dos años. La tan alardeada justicia social, usada como bandera política del gobierno, no se vislumbra, fue solamente un espejismo usado para instaurar un modelo comunista fracasado a nivel mundial, llamándolo Socialismo del Siglo XXI. La inflación, la escasez y ahora la estanflación (hiperinflación acompañada con el estancamiento de la economía) solamente han aumentado las colas para conseguir artículos básicos de alimentación e higiene. Unido a la indiscutible crisis humanitaria por alimentación, se une la crisis en el sector de la salud, muriendo gente de mengua en los hospitales por falta de medicina e insumos médicos y hasta por ausencia de servicios de agua y luz eléctrica en los quirófanos y el no funcionamiento de los aires acondicionados. A tan lamentable situación no escapa la inseguridad, se calcula que hay más muertes en Venezuela por atracos a mano armada que en las guerras de Vietnam, Sarajevo y Siria juntas. Los venezolanos viven un estado de sitio autoimpuesto por miedo a salir de sus casas y ser atracados.

Por otra parte, Venezuela es un país rico en recursos naturales estratégicos, como hierro, bauxita, oro, diamante, coltán, cuarzos, todo tipo de minerales metálicos y no metálicos pero también una inmensa riqueza forestal y de biodiversidad de múltiples usos, además del de la conservación del equilibrio ecosistémico del planeta. Buscando liquidez económica, el presidente Maduro hace varios meses salió por el mundo ofreciendo en bandeja de plata nuestros recursos naturales, poniendo todo tipo de facilidades entre ellas suprimió el Ministerio del Ambiente, único ente con jerarquía legal y capacidad técnica para controlar y condicionar la explotación de nuestros recursos naturales, exponiendo así nuestra soberanía nacional y violando la constitución y dejando a la deriva los intereses de la nación y los que corresponden a la colectividad, a terceros y al bien común.

Es un hecho público y notorio, que la política minera del gobierno actual se trata de “pescar en rio revuelto”, es decir permitir la explotación de nuestra riqueza mineral sin controles legales ni ambientales, donde los entes gubernamentales corruptos puedan operar implantando mafias de extorsión a los trabajadores mineros ilegales, que buscando mejores condiciones de vida para sus familias acuden a la selva a explotar oro y, una vez allí, son objeto de cobro de comisiones y de todo tipo de abusos y hasta asesinatos.

En este marco de realidades nacionales y estadales, el presidente Maduro promulga un Decreto de excepción donde otorga un plazo de 10 días para sacar de circulación el billete de mayor denominación de la nación, el billete de cien bolívares, alegando el cambio del cono monetario y la sustitución de los billetes por otros de mayor denominación. Luego recorta el lapso a apenas cinco días. Vale destacar que las comunidades mineras y campesinas e indígenas del Estado Bolívar están ubicados a horas de viajes de las entidades bancarias, a muchos de esos sectores no llega televisión ni señal telefónica y esas comunidades manejan y acumulan grandes cantidades de dinero antes de tener posibilidad de viajar a depositar en los bancos ubicados a horas de distancia. Muchas de estas personas que trabajan y hacen vida en sitios apartados del Estado Bolívar y poseedores de inmensas cantidades de dinero, entre ellos los mismos pranes y jefes de mafias mineras, también mineros de todo tipo, campesinos e indígenas, al ver que su dinero ya no podía ser depositado, ni era aceptado para hacer ninguna transacción y que simplemente ya no les servía para nada, se levantaron y fueron quienes iniciaron las protestas en este Estado, cuya extensión es casi la mitad del territorio nacional. Vale destacar que Ciudad Bolívar alberga las familias de los trabajadores mineros, de manera que no es de extrañar que el levantamiento se haya dado en esta zona del país de la manera como se ha dado. Todo empezó con reclamos en los negocios que no aceptaban el billete de cien bolívares, para luego ser acompañados por algunas personas armadas que también hacían cola, se supone que delincuentes, quienes con disparos alentaban a la población a saquear. A la llegada de los efectivos policiales y de la Guardia Nacional, encargados de restablecer y asegurar el orden, también cargaban con productos y participaban del saqueo pues ellos también son pueblo con hambre y con familia necesitada. Así cundió el caos y el desorden en todo el estado Bolívar.

En Ciudad Bolívar todos los sectores y todo tipo de negocios grandes, pequeños y medianos y de todas las nacionalidades han sido saqueados, no solamente los distribuidores de alimentos sino también, zapaterías, ferreterías, licorerías, tiendas de electrodomésticos, jugueterías y casi todos los supermercados públicos y privados. La gente no carga dinero en sus bolsillos pues todo fue depositado por orden del ejecutivo nacional, los nuevos billetes nunca llegaron, ya había escasez de alimentos y lo poco que había fue saqueado, quienes saquearon tendrán comida para unos días, es dudoso que los comerciantes puedan recuperarse luego de esta debacle económica gubernamental, ahora el saqueo y para rematar el vandalismo y destrucción de los negocios en su infraestructura y robo de los equipos y frigoríficos y hasta aires acondicionado. No hay dinero, no hay alimentos, las fronteras cerradas. Desde hace meses mucha gente ya vive de comer basura, los perros, los ancianos y los niños ya andan en la calle hambrientos. El hambre siempre saca lo que tenemos de bestia, todo perro con hambre muerde. La turba es la turba y a veces no podemos librarnos de ella. Lo peor, el gobierno lejos de reconocer su error y rectificar sigue echando la culpa a un supuesto saboteo de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) y de las mafias para impedir entrada de billetes nuevos y pide eliminar la Asamblea Nacional. Lo único que hace es un pseudo-recule de extender días para aceptar billete de cien bolívares hasta el 2 de enero. El Gobernador del Estado Bolívar ha decretado toque de queda en la entidad y el alcalde de Ciudad Bolívar arrobándose atribuciones que no tiene ha suprimido las garantías constitucionales en el Municipio, la orden es disparar. Si esto no es dictadura, es el carro de Drácula o se le parece igualito.