La idea de dignidad personal tiene su origen en el
cristianismo, particularmente forma parte esencial de la Doctrina Social de la
Iglesia Católica, donde el hombre, al considerarse «creado a imagen y semejanza
de Dios», se considera investido de dignidad, un sujeto libre y por lo tanto
responsable de sus actos.
Los conceptos de libertad y responsabilidad tambien aparecen indisolublemente unidos al de dignidad y ocupan un lugar central en la
teología cristiana.
El reconocimiento jurídico de la dignidad
personal no se produjo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración
Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948. El despojo sufrido por la población judía
durante la guerra, avivaron el reconocimiento individual en las víctimas de la
existencia de algo que no les podían robar: la libertad interior. Este
reconocimiento, experimentado por numerosas personas, generó tras la guerra un
movimiento social a favor del reconocimiento jurídico de la idea de dignidad,
con la esperanza de que episodios como los sufridos no volvieran a repetirse.
La Declaración Universal de Derechos Humanos invoca en su Preámbulo la
«dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana», para luego
afirmar que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos».
El reconocimiento jurídico de la dignidad
humana a la vez hace al hombre sujeto y objeto de derechos tales como el
derecho a unas condiciones de vida digna (alimento, vivienda, salud educación,
entre otros), libertad de expresión, derecho al voto, derecho a la vida. Es público
y notorio que estos derechos catalogados como fundamentales e inherentes a la dignidad humana están siendo
frecuentemente violados en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, quien a
través de los cuerpos armados del estado, asesina, persigue, amedrenta y arresta
a sus adversarios políticos, y a quienes manifiestan en su contra y en contra
de sus políticas que sumen al pueblo en la miseria y el hambre y los somete a
una crisis de salud y de ineficiencia de servicios públicos que deterioran la
calidad de vida, a la par que se violan los derechos a la libertad de expresión,
el debido proceso y últimamente el derecho al voto.
No es un secreto como el Gobierno deshizo la realización
del Referéndum Revocatorio y ahora pretende imponer una Asamblea Nacional
Constituyente con unas condiciones comiciales viciadas, que lesionan la
universalidad del voto y donde solamente pueden votar seleccionados sectores de
la sociedad, que además podrán votar dos veces, violando el estamento
constitucional y universal de un ciudadano un voto y además viola el principio constitucional que el poder
constituyente originario reside en el pueblo.
El derecho a la vida se viola cada vez que cae
un estudiante o una persona muerta por balas disparadas por la Guardia
Nacional, la Policía del Estado, por Colectivos armados o por la delincuencia.
El derecho a la alimentación y a la salud es palpablemente
violado en los centros asistenciales donde es cada vez más evidente la falta
de medicinas, el deterioro de los equipos médicos y de las instalaciones donde también
fallan los servicios de agua potable, luz eléctrica, aires acondicionados,
entre otros. Cada vez es más común ver en nuestras calles gente comiendo de la
basura, mientras los medios de comunicación permanecen amordazados bajo
amenazas de cuantiosas multas o el no otorgamiento de divisas para adquirir
papel y equipos.
Estudiantes detenidos son mantenidos en
condición de secuestrados en las cárceles, donde permanecen hacinados, sin agua
y en condiciones infrahumanas y muchos son torturados, humillados y violados
sus derechos a un proceso justo. Protestar se trata como un delito, mientras el
régimen forja pruebas para amparar sus actos ilícitos.
Resulta sumamente lamentable que países del
mundo permanezcan impávidos ante la violación de los derechos fundamentales que
ocurre en Venezuela, que dejen a un pueblo desarmado luchando ante un régimen
rapaz que se niega dejar el poder porque está amparado por el crimen organizado
y por países hambrientos de nuestras riquezas naturales, donde está más que
claro que el único delito cometido es el forjamiento de pruebas de parte del régimen
y quienes deberían estar presos son quienes están violando nuestra constitución.
Ante todo esto, la Mesa de la Unidad Democrática
anda en los barrios del país juramentando lo que llama Comités de Resistencia y
de Defensa de la Democracia promoviendo un llamado un día y una hora aún no
determinado, para que la gente salga a la calle simultáneamente a defender la
democracia e impedir el fraude constituyente que pretende imponer el gobierno
para eternizarse en el poder y convertir a Venezuela en un estado comunal.
Veremos.
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