 |
| Fotografía de Riolama Fernandez |
Riolama
Fernández, Biol. M. sc
En la tarde del lunes 18 de abril de 2016
se desarrolló en el Centro Cultural Amazonas (llamada la Casa Azul) un foro
sobre el Arco Minero del Orinoco, cuyos ponentes fueron en primer lugar el
experto en materia ambiental amazónica, Geógrafo Héctor Escandell y el Diputado
a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar Américo De Grazia.
Parte de lo expuesto lo resumo a
continuación “Hay dos áreas donde los polígonos del Arco Minero, alcanzan a
Amazonas, al norte del Estado, fundamentalmente en la Sierra de Maigüalida en
el límite con el Estado Bolívar y ambos sitios coinciden con Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial (ABRAE), con los Monumentos Naturales de los
Tepuyes; es decir que aparentemente si está planteado que al menos esa porción
sea incorporada al proyecto del Arco Minero; que tiene algo así como 118 mil
kilómetros cuadrados y atraviesa, no solamente, ese monumento del Amazonas,
sino que atraviesa todas las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial del
Estado Bolívar, desde el Caura hasta Imataca”. Entre los objetivos del programa
del Arco Minero está “sustituir el rentismo petrolero” planteando como opción
otra actividad extractivista, con fines de generar riquezas, o rentas; pero más
que sustituir probablemente quisieron decir: complementar el modelo rentista y
ese modelo rentista a mi parecer también no es el que estamos buscando, no es
el que los venezolanos y el mundo necesitan para garantizar bienestar, para
garantizar calidad de vida”. “No deberíamos sustituir un veneno por el otro, que
yo sepa no les vamos a echar oro a las plantas para que crezcan no es abono, no
cura enfermedades si me lo tomo, no me quita la sed, no me lo puedo comer;
entonces yo creo que por ahí no es la cosa no puede ser ese un sostén de un
modelo de desarrollo sustentable”.
Por otro lado plantea como objetivo
promover una minería lícita y ordenada justamente lo contrario a lo que hemos
tenido al sur del Orinoco y especialmente en el Estado Bolívar, donde conviven
dos tipos de minería, una minería licita, no tan ordenada pero licita, pues está
permisada por el Estado, donde el Estado participa directamente, en ocasiones,
del aprovechamiento del mineral del oro, transfiriendo a empresas privadas la
posibilidad de extraerlo en asociación con los mecanismos, modalidades que cree
convenientes, hacer las cosas lícitamente es sensato; pero sensato es también
la necesidad de ordenar la minería, porque esa actividad lícita convive con una
actividad que es ilícita”.
Ante lo dicho por el Señor Scandell es
importante recordar que el Estado venezolano siempre, desde épocas
inmemoriales, ha transferido los derechos mineros a empresas trasnacionales
para actividades de exploración y explotación, tradicionalmente fueron empresas
norteamericanas de USA y Canadá y europeas de países como Italia y Francia.
Recientemente, desde el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, las
concesiones y derechos mineros se le han quitado a Norteamérica, bajo la figura
de una supuesta estatización para realmente otorgarle los derechos a Rusia y
China, otros imperios con capitalismos más salvajes y nada dispuestos a cumplir
con las normas ambientales venezolanas, poniendo como exigencia la supresión
del Ministerio del Ambiente, ya que quieren explotar sin cumplir con las
rigurosas exigencias del cuerpo legislativo ambiental venezolano, pionero a
nivel mundial.
Es una realidad que algunas Concesiones
otorgadas por el estado venezolano antes del gobierno de Chávez, se negociaban
en las bolsas de valores en Europa y en Estados Unidos sin haber extraído un
gramo de oro, sin haber hecho la inversión que teóricamente debió haber sido
hecha, motivo por el cual, según argumento del gobierno venezolano, fueron
expropiadas o revocadas las concesiones durante el mandato de Chávez, un caso
emblemático es el de la empresa Gold Reserve, que luego de haber invertido en
exploraciones auríferas, levantamiento de la caracterización físico-natural del
área y apoyo socioeconómico a las comunidades indígenas y rurales que le
circundaban, fue expropiada con ese argumento, y terminó demandando al estado
venezolano, demanda que ganó y ahora le debemos pagar en oro.
En los años 2006 a 2007 el gobierno
trató de implementar lo que llamó la “Reconversión Minera”, que era el
reconocimiento social a la gente de ejercer la minería para satisfacer sus
necesidades básicas, a falta de alternativas del gobierno para generar empleos;
se trataba de dar dinero a los mineros para que emprendieran otras actividades
y abandonaran la minería, pero repartieron dinero a cualquier cantidad de gente
que no eran mineros, eso dio lugar a un vulgar desorden, donde gente que jamás
había pisado una mina recibió dinero del estado, sin garantías de nada. La
intentona de una supuesta Reconversión Minera fue una puerta enorme para la
corrupción y un desastre total donde finalmente hubo hasta muertos, que dio
origen a mí escrito público “LOS MUERTOS DE LA RECONVERSIÓN MINERA”, que escribí
y publique en el año 2006 en una carta abierta a la ex Ministra de Ambiente
Jackeline Faria, publicada en este mismo blog.
La iniciativa de la Reconversión Minera
si bien tuvo una intención social y ambiental aparente, lo cierto es que fue
ejecutada por gente que no conocía la materia ni el terreno que pisaba,
esperando resultados casi inmediatos, pretendiendo que dándoles dinero, los
mineros abandonarían las minas de oro. Profesionales de Caracas que nunca antes
habían pisado este Estado y nuevos directivos que nunca habían pertenecido al otrora
Ministerio de Ambiente, organizaron la cruzada en contra de la minería en
Caroní, pensando que los mineros y la actividad minera está simplemente
conformada por personas desvalidas que no tuvieron más opciones ni
oportunidades, desconociendo todo el entramado de intereses económicos y de
poder que le está intrínsecamente asociado. La minería del oro y diamante es
rentable (para los corruptos de siempre y los nuevos que aparecen) así como
está, ilegal, sin control, sin permisos, sin tecnología de punta, sin
planificación, sin estudios geológicos, por eso de "qué bueno es pescar en
río revuelto". El problema minero se abordó como un problema solamente de
educación ambiental, pretendiendo que con meras charlas y cursos por pocos
meses, la gente asociada a la minería se entusiasmaría a hacer otra cosa
(reconversión minera), porque además se desconoció que la minería ha pasado a ser,
para muchos, más que una actividad productiva, un modo de vida, una cultura una
idiosincrasia, incomprensible para los citadinos que no saben cómo huele la
selva y la tierra. Ignorando también, aparentemente, al gran poderío económico
y político y estatal que siempre le ha tenido puesta la mano a los recursos
mineros del Estado Bolívar y ahora también, con este gobierno a los recursos
mineros del Estado Amazonas.
Cumpliendo con las promesas hechas a
China y Rusia como pago a las inversiones que hicieron en Venezuela para
reactivar empresas básicas, dinero por cierto que no se vislumbra en obras sino
que ha desaparecido por malversación y corrupción, el gobierno creó lo que da
por llamar el Arco Minero, que no es más que la demostración del fracaso del
gobierno en política minera, que está volviendo a necesitar de inversión
extranjera para la extracción de mineral, solamente que ahora son otras
empresas y otros países como Rusia y China. Se sabe que uno de los capitalismos
más salvajes del planeta es China que no le gusta controles ambientales y
acostumbra a ser un depredador ambiental implacable y su exigencia fue suprimir
el Ministerio de Ambiente, “ambiente no, ambiente no” fue su pedido a Maduro.
China quiere explotar sin controles ni medidas ambientales sin un ente que los
regule, de manera que es una irresponsabilidad del estado venezolano que se
autoproclama ecosocialista dejar en manos de China la Faja petrolífera del
Orinoco y ahora el Arco Minero, pero más haber suprimido el Ministerio del
Ambiente, una institución pionera a nivel
mundial sobre legislación ambiental, solamente para satisfacer a su
socio, eso fue ponerse de rodillas y someterse al imperio chino, este país cuyos
gobernantes y militares gritan y hasta berrean ser antiimperialista.
El arco minero es el reconocimiento de
que el tan criticado Decreto 1850 “Plan de Ordenación del Territorio y
Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca” del Estado Bolívar y Delta
Amacuro del año 1997 cuyo objetivo era el manejo integral sostenible de la
Reserva delimitando áreas tanto para la actividad forestal, minera, turística,
indígena, conservación, reservas de agua, de fauna y de biodiversidad etc., era
la vía adecuada, para dar espacio y hacer posible la convivencia de todas las
actividades productivas respetando el medio ambiente, y vale destacar que ese
Decreto fue aprobado por el Dr. Jorge Carvajal Morales cuando fue gobernador
del Estado Bolívar, promoviendo desde el entonces IAMOT (Instituto Autónomo de
Minería y Ordenación del Territorio) con la convergencia del otrora Ministerio
de Ambiente, CVG, CVG TECMIN, Fundacite Guayana y muchos otros entes del Estado.
En ese decreto se dejaba una zona mixta Forestal-Minera atendiendo la realidad
físico geográfica de que las reservas de oro se encuentra inmersas en lotes
boscosos y en la reserva forestal. Y el decreto permitía ambos usos considerando
la tecnología para desempeñar la minería aplicando controles ambientales, pero
este gobierno echó por tierra ese decreto auspiciando el desastre minero que se
vive hoy, donde las mafias y delincuentes han tomado las minas haciendo la vida
imposible a quienes ejercen la minería, cobrando onerosas comisiones que van a
parar a entes gubernamentales corruptos que avalan y amparan dichas mafias por auríferas
comisiones.
Otro punto que hay que mencionar es
que los efectos del fenómeno el niño, siempre han existido, pero en años
recientes, los impactos sobre la represa de Guri y la eficiencia en la
generación de energía hidroeléctrica se han hecho notables y nos han empezado a
afectar por lo que los estudiosos de ingeniería hidráulica y los ambientalistas
de este país hemos venido alertando desde hace varias décadas, que la actividad
minera ilegal, la deforestación masiva y el arrastre de sedimentos que genera, afectarían
el embalse y la producción de electricidad, así como dañarían las turbinas,
esto es lo que ha ocurrido, pero nadie quiere mencionar, por no dar la razón a
los ambientalistas, menos cuando el gobierno acaba de suprimir el Ministerio de
Ambiente y humillar los departamentos de ambiente de la Corporación Venezolana
Guayana y Corpoelec. En este sentido dijo Scandell “Yo creo que los mayores
responsables de lo que está ocurriendo con la cuenca del río Caroní y el enorme
esfuerzo que el Estado venezolano desarrolló por muchísimos años por
garantizarnos una base de generación hidroeléctrica el riesgo de eso está mucho
más asociado a nuestras actuaciones en la cuenca, actuaciones que están
fundamentalmente asociadas a una actividad minera; la minería que se ha practicado
y que se practica todos los días y que afecta todos los afluentes de la cuenca
alta del Caroní en mi opinión es la mayor responsable de que hayamos perdido
volúmenes de agua, que estemos perdiendo calidad de agua, que se hayan
acelerado los procesos de sedimentación y que luego eso tendrá otros efectos a
nivel más global pues también existe, tenemos que sentarnos a discutir cómo
vamos a atender esos impactos antes de que ocurran, no después como médico
forense“ .
En lo personal, considero, que una acción gubernamental
seria, abordaría la problemática minera y ambiental atacando las causas que la
genera que no es otra que falta de alternativas de empleo. Hay que generar
empleos de verdad, erradicar la necesidad de la gente de meterse en la selva a
buscar oro porque no encuentra otras opciones de sustento.
En Venezuela tenemos experiencias de minería en
cumplimiento con normas ambientales, tal es el caso de la mina La Camorra
inserta en el Lote Boscoso El Dorado-Tumeremo, con método de minería subterránea
y procesamiento de oro por cianuración, mientras fue manejada por la empresa
Minera Hecla Venezolana (2000 al 2010), empresa de capital estadounidense,
cumplió cabalmente con las normas ambientales de nuestro país, generó oro y
divisas al Estado venezolano, produjo empleos en la región y fue muy productiva
hasta que este gobierno la estatizó, hoy en día La Camorra es un verdadero
desastre ambiental y social, como resultado de la estatización, y una prueba más
de que lo productivo que toca el Estado, lo destruye.
Sigo creyendo que la magnitud de los impactos ambientales
en minería está a la par de los impactos sociales y estos últimos han llegado a
dolerme más, porque como ecólogo no puedo separar al hombre como un componente
más del medio ambiente y ser ambientalista te hace definitivamente más humano.
Comentarios
Publicar un comentario